Apartan a un juez por deficiente actuación ante un caso de contaminación causada por frigoríficos en Avellaneda
Fuente: El Ciudadano Web
Apartan a un juez federal de Morón por desoír a un tribunal superior en un conflicto ambiental
El magistrado que tiene competencia especial sobre los 14 municipios bonaerenses involucrados en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, fue corrido de una causa por levantar la clausura dictada contra dos frigoríficos que funcionaban sin permisos ambientales
Por: Ana Laura Piccolo
La causa que inició una vecina de la localidad bonaerense de Avellaneda contra dos frigoríficos industriales linderos a su domicilio dio un giro inesperado. Luego de sortear un complejo proceso judicial, la mujer logró que la Cámara Federal de San Martín clausurara la actividad de ambas compañías denunciadas por funcionar sin permisos ambientales, acopiar grandes cantidades de amoníaco en un barrio residencial y volcar contaminantes industriales junto a restos de sangre, tejido y grasa animal provocando olores nauseabundos. Pero la medida duró sólo tres semanas. Cuando el caso volvió al juzgado original, el magistrado a cargo habilitó nuevamente a ambas empresas y terminó siendo apartado por desoír a un tribunal superior.
Se trata del juez federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, quien tiene competencia especial en los 14 municipios bonaerenses involucrados en el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, zona de vuelco de efluentes de los dos frigoríficos denunciados.
La denunciante es una licenciada en química que vive en el municipio de Avellaneda, pegada al predio donde funcionan “Internacional de Congelados SA” y “Agro Patagónico SA”, los dos frigoríficos contra los que inició una acción preventiva de daño ambiental.
El 28 de noviembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín había ordenado una medida cautelar que clausuró ambas firmas. Pero tres semanas después, el 19 de diciembre siguiente, el juez federal Rodríguez volvió a habilitar el funcionamiento de ambas empresas.
Para llegar a esa sentencia, el juez Rodríguez dio por válido un documento presentado por los frigoríficos donde la Municipalidad de Avellaneda explica que las demoras en la expedición del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) se debían a un “problema” del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires.
El magistrado también avaló el planteo de los demandados que pidieron volver a ser habilitados por el daño económico irreparable que representaba la suspensión del uso de maquinaria ya que refrigeraban más de 1.500.000 kilos de mercadería perecedera y que peligraban unos 60 puestos de trabajo.
El juez Rodríguez hizo lugar a esos planteos y levantó la clausura, aunque sostuvo la suspensión tanto del vuelco de efluentes líquidos industriales como del acopio o manipulación de amoníaco anhidro, encomendando su verificación a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). También fijó un depósito de 5 millones de pesos en forma de garantía.
Ilegal
La vecina de Avellaneda apeló el fallo por “arbitrario” y cuestionó al juez Rodríguez por modificar una medida cautelar sin que las empresas denunciadas hayan regularizado lo que exigió la Cámara Federal, como el Certificado de Aptitud Ambiental, y porque además no le corrió traslado de esa decisión.
La sentencia también fue cuestionada porque revocó la clausura con la sola presentación de documentación por parte de los frigoríficos sin “verificar su autenticidad con ningún otro medio de prueba”.
Al respecto, la vecina esgrimió que esos documentos eran “claramente ilegales” y que lo informado por el Municipio de Avellaneda era “totalmente falso” por ser insostenible que esas empresas puedan funcionar sin Certificado de Aptitud Ambiental.
La mujer agregó que el permiso no les fue concedido porque ambos frigoríficos se encuentran emplazados en una zona residencial y comercial que no es “apta” para la radicación de ese tipo de industrias.
En ese sentido mencionó que para refrigerar la carne animal que se procesa en esos frigoríficos se utiliza amoníaco anhidro, “un gas con olor irritante y sofocante que es tóxico y corrosivo en contacto con el tejido humano”.
La vecina agregó que el almacenamiento de grandes volúmenes de ese gas en aparatos sometidos a presión implica un riesgo de incidente grave y por eso esas industrias no pueden instalarse en áreas urbanas.
Asimismo, apeló la decisión del juez Rodríguez por considerar que el magistrado “creó una falsa dicotomía entre ambiente y bienes materiales privados”, siendo que podría haber fijado “un plazo razonable” para que reubiquen o vendan la mercadería perecedera, y también prohibir el ingreso de nueva materia prima que necesita mantenerse con los sistemas de refrigeración funcionando.
Apartado
Los cuestionamientos al fallo de Rodríguez fueron escuchados por los camaristas que tuvieron en cuenta una sanción contra los frigoríficos a partir de una inspección que detectó el vertido “de líquido de color y olor sanguinolento al cordón cuneta (destino pluvial)” y que las muestras superaron los límites tolerados por la ley de efluentes líquidos DBO, DQO y fósforo. También mencionaron que ante la duda, los jueces deben resolver de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente.
Ante ello, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín decidió apartar al juez Rodríguez del caso, revocar su decisión y reanudar la medida cautelar de clausura sobre los frigoríficos, designar a un nuevo magistrado por sorteo para que continúe a cargo de la acción de amparo ambiental y dar aviso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre su comportamiento.
En ese sentido, los camaristas ordenaron que se remitan copias al Máximo Tribunal de Justicia para comunicarles que “la intervención del juez apartado obedece a la competencia asignada en la sentencia conocida como Causa Mendoza”.
Se trata de un fallo histórico dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2008 que asignó a ese juzgado de Morón una competencia específica para que atienda todas las denuncias ambientales contra empresas por contaminación del Riachuelo o la Cuenca Matanza o que involucren su saneamiento.
Por un ambiente sano
El abogado que representa a la vecina de Avellaneda, Fabián Maggi, celebró la decisión de la Cámara Federal al referir que el juez desplazado venía actuando “sin respetar la verdadera dimensión del derecho humano a un ambiente sano”.
Según el letrado, los camaristas tomaron la “extrema decisión de apartarlo” porque lograron verificar que el magistrado incurría en demoras y decisiones judiciales que no aplican los principios elementales del derecho ambiental.
“Esperamos que el próximo juez que ocupe su lugar le imprima la celeridad necesaria para rápidamente alcanzar el objetivo ambiental que persigue esta acción, más aún en causas judiciales que están relacionadas con el fallo Mendoza, que desde 2008 persigue sanear la cuenca Matanza Riachuelo y aún hoy existen empresas que continúan volcando efluentes industriales contaminados”, concluyó.
