No bastaron 10 años acumulando denuncias y demandas judiciales por contaminación y atentados a la salud. No fueron suficientes las 200 muertes registradas en los vecindarios cercanos a la Planta de Atanor a causa de enfermedades de probable origen tóxico. No alcanzaron las pericias científicas -ordenadas por la misma justicia- que demostraron la presencia de alarmantes niveles de atrazina y otros peligrosos tóxicos en suelo y aguas alrededor de la fábrica. No hubo reacción cuando en 2017, otra explosión e incendio tapó el barrio Química de una negra y venenosa humareda. Tampoco cuando en 2019 se denunció que Atanor, en la total ilegalidad, había inaugurado esta nueva planta de producción de atrazina dentro de su predio.

La enceguecedora evidencia de las llamas iluminando la noche de San Nicolás, de los tóxicos volando kilómetros por el aire y depositándose sobre personas, animales, plantas, suelos, aguas, ecosistemas, desembocó hoy en una nueva clausura para la empresa, dictada por la Jueza Luciana Díaz Bancalari por pedido del Abogado Fabián Maggi en representación del FORO MEDIO AMBIENTAL SAN NICOLAS, en el contexto de una causa que ya lleva varios años de trámite. ¿Era necesario que sucediera este nuevo desastre, cuando ya estaba ampliamente demostrado que Atanor no puede seguir funcionando en medio de una zona urbana? Atanor debe ser erradicada definitivamente de su actual ubicación. ¿Será así esta vez?

¿Que hicieron durante esa década las autoridades provinciales que debían ejercer su competencia de contralor ambiental?: la Autoridad del Agua, el ex - OPDS, el Ministerio de Ambiente Provincial. ¿Qué hizo el Gobierno Municipal que no veía la contaminación, ni la epidemia de cáncer, ni que la Planta se seguía ampliando ilegalmente? ¿Hacia dónde miraron los Jueces de la Justicia Provincial, la Justicia Federal, la contenciosa, la civil, la penal? ¿Con qué rima el silencio del Estado Nacional ante el pedido de informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que las víctimas acudieron ante su desesperante desprotección? 

Tal vez, sólo algunos datos alcancen para ensayar respuestas. Atanor pertenece al grupo empresario Albaugh de propiedad asociada multinacional. Albaugh obtiene el 20 % de sus ingresos globales gracias a las ventas realizadas por Atanor en nuestro país. En 2022, fueron 600 millones de dólares, vendiendo exclusivamente compuestos tóxicos para la vida. Esos mismos tóxicos que inundan los campos a lo largo y ancho de este enorme pueblo fumigado llamado Argentina, que se mezclan en las aguas y terminan en la sangre de todos y cada uno de sus habitantes. Esos que son “cuestión de Estado”, y que ningún científico y científica puede cuestionar sin sufrir censura y persecución.