En una decisión tan inesperada como indignante, el Fiscal Luis Emilio Carcagno, a cargo de la Unidad de Instrucción y Juicio Nro.6 de Mercedes, ordenó el pasado miércoles el archivo de la investigación penal vinculada a la explosión e incendio ocurrido en 2019 en la fábrica de agrotóxicos Sigma Agro, en el paraje La Verde del partido de Mercedes.

A causa del siniestro, falleció Rubén Ponce, trabajador de la empresa, por las graves quemaduras térmicas y químicas sufridas al caer en un charco de agrotóxicos y químicos peligrosos ardiendo en llamas.  Se derramaron y liberaron al ambiente un millón de litros de agrotóxicos, entre ellos glifosato, paraquat, 2-4D, imazetapir, haloxifop, metaloclor, clorpirifos, cletodim, atrazina y glufosinato, que se escurrieron hacia los arroyos y el Río Luján, y se infiltraron en el suelo alcanzando las napas, generando un verdadero desastre ambiental y una grave amenaza a la salud de miles de personas.

Durante los procesos judiciales llevados adelante por nuestra Organización, quedaron demostradas las numerosas irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa, el municipio de Mercedes y los organismos provinciales de control, resultando innegable su responsabilidad en el siniestro y su accionar negligente ante sus gravísimas consecuencias. Solo para citar un hecho, en setiembre de 2023, el Ministerio de Ambiente de la Provincia reconoció que la empresa aún no había cumplido con la caracterización del sitio contaminado, lo cual implica que durante esos 4 años las enormes cantidades de tóxicos liberadas siguieron esparciéndose y ejerciendo sus efectos dañinos sin control ni medición adecuadas, exponiendo a la población y al ambiente a riesgos inconmensurables.

A pesar de las abrumadoras evidencias sobre la gravedad del siniestro y las responsabilidades de directivos de la empresa y funcionarios públicos, el fiscal Carcagno demoró más de tres años en imputar penalmente a Jerónimo Juan Araujo Muller y Gustavo Marcelo Ruffa (Presidente y Apoderado de Sigma Agro, respectivamente). Una imputación inevitable por la contundencia de los hechos, pero inexplicablemente tardía, tal como denunciamos oportunamente. El fiscal reconoció entonces que “La empresa Sigma Agro S.A. funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de marras ocurrido el 27 de septiembre de 2019 puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuestas tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción, dispuesta por el O.P.D.S….”.

Menos de un año después de dictada esta tardía imputación, el hecho que el fiscal Carcagno haya decidido archivar la causa -en lugar de dictar el sobreseimiento de los imputados como hubiese correspondido si estuviera convencido de su falta de mérito- muestra a las claras su intención de clausurar la totalidad de la investigación penal sobre el luctuoso siniestro, sus consecuencias y sus responsables. Decisión sin duda recibida con alivio por los empresarios y funcionarios cuyo accionar se encuentra bajo la lupa.

La maniobra del Fiscal al decidir el archivo en lugar del sobreseimiento, tiene además el efecto de dejar la causa en una zona gris, complicando a la nuestra Organización y demás querellantes el acceso a las vías procesales para seguir instando la acusación, y allanando así el camino a la impunidad.

Realmente es difícil explicar la concurrencia de funcionarios públicos municipales, provinciales y judiciales para favorecer la impunidad de estos empresarios sin postular la existencia de vínculos político-empresariales espurios. Mientras causaba este verdadero desastre ambiental, las aguas y suelos se contaminaban, las cosechas se perdían, los árboles se morían y los pacientes expuestos a la contaminación se atendían en centros de Salud, la empresa Sigma Agro quintuplicaba su facturación, pasando de 12 millones de dólares en 2017 a 70 millones en 2020. En 2022, la empresa declaró importaciones por un valor CIF de 128 millones de dólares, demostrando que su crecimiento siguió siendo exponencial. Sin embargo, hasta el momento, el único costo que la empresa y sus responsables han pagado por el desastre humano y ecológico que han generado, es una multa de 70 mil dólares impuesta por la autoridad ambiental provincial en el año 2022, lo cual representa menos del 0,5 % de su presunta facturación anual. 

No cabe duda que la decisión del Fiscal Carcagno representa para Sigma Agro un claro incentivo para seguir actuando fuera de la ley y seguir cargándole a la sociedad en su conjunto los costos sociales y ambientales de la contaminación. Contaminar es el mejor negocio posible para su empresa, pues parece haber resuelto su responsabilidad sobre este verdadero drama socioambiental a un costo despreciable. ¿Cuánto de su espectacular crecimiento de facturación y utilidades puede ser adjudicado a los beneficios espurios logrados incumpliendo normativas y contaminando? ¿Habrían sido posibles estos beneficios ilegalmente obtenidos sin la complicidad y protección de funcionarios públicos? Desgraciadamente, la decisión del fiscal Carcagno también representa silenciar estas incómodas preguntas.

Así, la impunidad, además de antónimo de Justicia, es garantía de repetición. El 22 de febrero de 2023 en la autopista del Oeste, a la altura de Ituzaingó, un camión que transportaba Cletodim volcó y se incendió, esparciéndose en el ambiente 24 mil litros del potente agrotóxico, con alcances y consecuencias aún indeterminadas. En ese nuevo hecho también se instruye una causa penal en la cual nuestra Organización actúa como querellante. El camión transportaba su carga tóxica a una nueva Planta de Sigma Agro, la misma cuya impunidad pretende ser consagrada por la decisión del Fiscal Carcagno. 

Pero el clamor de las víctimas sigue sonando, y seguiremos llevándolo ante todas las instancias que sean necesarias hasta lograr Justicia.