Durante el lunes y martes de esta semana, poco más de diez personas de sexo masculino se reunieron y permanecieron en la puerta del domicilio familiar del abogado ambientalista Fabián Maggi -patrocinante jurídico de nuestra Organización, entre otras- bloqueando el ingreso y egreso de su vivienda.

El hecho, según confirmó el mismo Dr. Maggi a los medios de prensa, habría sido promovido por funcionarios políticos del Gobierno Municipal, como forma de coacción para condicionar su trabajo como abogado para la  Organización FoMeA en la causa judicial por las obras ilegales que el gobierno del Intendente Manuel Passaglia estaba ejecutando en la Reserva Natural Rafael de Aguiar en la Isla Ballesteros. En esta causa, la Justicia declaró la clausura de las obras ilegales, ratificada por la Suprema Corte Provincial quien además impuso una multa al Intendente por desobedecer la orden judicial.

Cabe señalar que la medida judicial no impide el acceso a la isla ni a sus playas, sino sólo la paralización de las obras ilegales, entre ellas un camino vehicular cuya traza afectaba humedales y bosques nativos. Sin embargo, el Intendente Passaglia ha venido responsabilizando falsamente a los defensores ambientales de impedir el uso de las playas, con la presunta intención de generar una predisposición social negativa y un clima hostil hacia el legítimo reclamo.

No es la primera vez que los defensores y defensoras ambientales que intervienen en esta causa sensible para el Poder político local se ven amenazados. En enero de este año, la abogada Ana Fernández fue golpeada y detenida mientras registraba el incumplimiento judicial por el cual fuera luego multado el intendente Passaglia.

La reiteración de estos repudiables hechos de intimidación marcan un preocupante patrón sistemático de ejercicio de la violencia institucional contra quienes ejercen legítimamente la defensa de derechos humanos fundamentales, incluidos los garantizados en el Acuerdo de Escazú, tratado de rango constitucional suscripto por la Argentina, que obliga al Estado a garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

La intimidación al Dr. Maggi mereció el unánime repudio de organizaciones sociales, ambientales y profesionales, tales como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, el Colegio de abogados de San Nicolás, UPVA Ramallo y  FoMEA de San Nicolás, entre otras.

Desde la Organización de Ambientalistas Autoconvocados repudiamos la coacción sufrida por Dr. Fabián Maggi y su familia, a quienes le expresamos nuestro total apoyo y solidaridad, e instamos a las autoridades del Distrito a actuar respetando y haciendo respetar plenamente los derechos y garantías propias del sistema democrático, y a abstenerse de incentivar con falsas declaraciones y argumentos engañosos, un clima de hostilidad y amenazas hacia los defensores y defensoras ambientales.

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