La multa fue impuesta en el marco de la causa ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO FORO MEDIO AMBIENTAL (FOMEA) C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES -MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en la cual la asociación actora plantea la inconstitucionalidad de algunos puntos del Código Urbano Ambiental de San Nicolás sancionado en 2021 e impulsado por Passaglia. Los puntos cuestionados conllevan un grave daño o destrucción de los ecosistemas de bosques nativos y humedales de la Reserva natural costera "Rafael de Aguiar".

Mediante una sentencia dictada el 12 de mayo pasado, el máximo Tribunal provincial había suspendido, hasta dictar sentencia definitiva, cinco puntos del Código Urbano Ambiental que afectaban a la Reserva. En la misma sentencia, la Corte ordenó al municipio "Proceder, sin dilaciones, a la clausura de las obras ejecutadas y que se estén ejecutando  en los sitios alcanzados por la tutela que se dispone en la presente; lo que incluye los puentes de acceso vehicular a la zona insular y los caminos vehiculares que conducen a las playas “Barranquitas” y “El Arenal". Asimismo, el fallo dispuso "aplicar una multa al señor Intendente de San Nicolás en la suma equivalente a dos (2) jus, por cada día de retardo en el cumplimiento de esta decisión".

A pesar de la claridad de la sentencia y la concreta inclusión de una medida punitiva, la orden judicial venía siendo sistemáticamente desobedecida por Passaglia utilizando las más diversas e inverosímiles excusas, tales como disfrazar las obras como si fueran "tareas de mantenimiento". A pesar de las numerosas denuncias de la organización actora y vecinos en los diferentes organismos provinciales y ante la Justicia Penal, la actitud del Intendente, hasta ayer, permanecía impune, sugiriendo un entramado de protección política y judicial alrededor del funcionario.

Finalmente ayer, en respuesta a una nueva denuncia presentada por FOMEA ante la Corte Suprema, el Tribunal respondió haciendo efectiva la multa impuesta a Passaglia, ordenando al Banco Provincia la apertura de una cuenta judicial para hacer efectivo el depósito de la multa en forma automática. La multa se aplica en forma retroactiva a la fecha de entrada en vigencia de la medida cautelar, representando para el intendente un monto de unos dos millones de pesos, más 18 mil pesos diarios por cada día de demora hasta la fecha de su efectivo acatamiento.

El trascendente Fallo pone además presión sobre el Ministerio Público Fiscal para que cumpla con su deber público y que la Unidad Fiscal N° 1 a cargo de Verónica Marcoantonio, avance con la imputación de los delitos de incumplimiento de orden judicial, que quedaron acreditados con esta decisión de la Suprema Corte.