El ingreso al Concejo es un paso más en el camino de ilegalidad que ha decidido tomar el gobierno municipal. Tal como ya hemos denunciado públicamente e impugnado administrativamente, el proceso mediante el cual el gobierno municipal pretende aprobar el nuevo COT se encuentra insanablemente viciado de nulidad, por el grosero incumplimiento de las normas y principios de participación ciudadana exigidos por la legislación vigente. 
Recordamos que el proyecto se dio a conocer parcialmente y con restricciones de acceso apenas dos días hábiles antes de la audiencia pública que se realizó el día lunes 10 de abril. Así un Código que, de acuerdo a las declaraciones del Municipio, llevó 18 meses de elaboración por parte de un equipo técnico, pretendía ser validado socialmente mediante un proceso exprés, demostrando que para el Gobierno Municipal la participación ciudadana no es una herramienta de profundización democrática, sino un mero trámite convalidatorio de decisiones ya tomadas.
La única forma de subsanar este accionar ilegal, es anular lo actuado y convocar a un proceso participativo como exige la ley, que debe estar asegurada especialmente en las etapas de planificación del Ordenamiento Ambiental del Territorio (Ley 25675 art.21). No vamos a convalidar la operatoria de la imposición del hecho consumado, como no lo hemos hecho tampoco en ocasión del tratamiento del COT vigente impulsado por Nicolás Ducoté en 2018. No se trata de una cuestión partidaria, sino de exigir el respeto a las leyes y principios democráticos que deben gobernar las decisiones en torno al territorio como bien común.
No hemos hecho, ni nos compete realizar, un análisis del profundo del COT. Para ello se requiere un proceso participativo genuino y en regla, con los tiempos adecuados para una discusión profunda y democrática sobre el territorio. Solo señalaremos, porque se trata de un territorio que conocemos muy bien, que el nuevo proyecto de COT le regala ventajas indebidas y espurias a las empresas contaminantes Verasur y Tradec instaladas ilegalmente en Parada el Gallo, estableciendo precintos industriales de dudosa legalidad y nula legitimidad sin dar una sola muestra de preocupación por subsanar la emergencia ambiental de la zona. Un guiño político más para empresas que siguen obteniendo privilegios sin importar el signo partidario de gobierno. Además el proyecto eliminaría el uso rural del suelo en todo el partido.
Ha sido nuestra Organización la que ha llevado el COT de Ducoté a la Suprema Corte por sus nefastas consecuencias ambientales, que son el producto inevitable de los procesos que se realizan a espaldas del escrutinio y la participación pública. Somos contundentes en marcar la necesidad de un nuevo COT superador que asegure la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, mediante una adecuada organización de las actividades en el espacio, primer objetivo de la ley de Ordenamiento Territorial de Buenos Aires. 
Pero no podemos esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo.