El  martes  28 de febrero tendrá lugar una audiencia clave por el desmonte, relleno de humedales y modificación del curso de agua en zonas protegidas del Delta del Paraná.  La causa judicial  se inició en 2020 tras una megaobra realizada por la intendencia de San Nicolás que avanzó sobre la reserva natural del Parque Rafael de Aguiar, un área protegida de 1.500 hectáreas de humedales y bosques nativos.

Desde entonces vecinos y autoconvocados de todo el litoral realizaron denuncias y consiguieron que la Justicia prohíba la continuidad de las obras, aunque no lograron que las medidas sean acatadas. En enero, mientras una abogada registraba con su celular el incumplimiento de la medida cautelar por parte de empleados municipales, un comisario le rompió en la cara la orden judicial exhibida por la mujer y se la llevó presa. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires citó a las partes y hay gran expectativa sobre lo que dictaminará.

A esa audiencia deberá concurrir Manuel Passaglia el intendente de San Nicolás, de Juntos por el Cambio, , señalado por su accionar ilegal en la construcción de dos balnearios en zonas protegidas, es acusado por la provincia de Buenos Aires, por su presunta irresponsabilidad en el control que le atañe; y la Asociación Civil sin fines de lucro Foro Medio Ambiental (Fomea) que promovió la acción de amparo a fin de preservar los bosques nativos y humedales en esa zona del Delta del Paraná.

 Desde Fomea resaltaron que la resolución de la Corte será clave para todos los territorios que registran la misma problemática de desmonte, relleno de humedales y modificación de cursos de agua. “La decisión que tome el Tribunal impactará directamente sobre la vigencia de las leyes y su cumplimiento”, esgrimió Fomea en un comunicado tras recordar que el intendente Passaglia se resiste a cumplir la orden judicial por lo que “se deberá disponer su ejecución forzosa”.

 La Corte Suprema de Buenos Aires ya había emitido una resolución en agosto de 2022, cuando prohibió la continuidad de los desmontes ilegales y la ejecución de obras en áreas protegidas del Parque Rafael de Aguiar en San Nicolás. La Corte intimó al intendente de San Nicolás por avanzar contra bosques nativos y humedales. 

La orden no fue acatada según un informe del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires ue menciona la “gravedad de la situación” y diferentes relevamientos de ambientalistas que hablan de que ya fueron arrasadas 70 hectáreas de bosque nativo.

 El 4 de enero pasado, cuando una abogada registraba la construcción de un puente en una zona prohibida por parte de empleados municipales fue víctima de violencia institucional. Un comisario le rompió la orden judicial en la cara (escena que la mujer alcanzó a filmar con su celular) y se la llevó presa. La profesional denunció más tarde violencia física y psicológica dentro de la seccional 1ª donde estuvo detenida e incomunicada durante varias horas.

 Se trató del último hecho de violencia institucional en el marco de esta causa que desde su inicio, en 2020, registró denuncias de hostigamiento policial, detenciones ilegales y represiones por las fuerzas de seguridad en distintos reclamos para visibilizar el conflicto y reclamar que se respeten las leyes vigentes para la protección del medioambiente.

Passaglia y las citas judiciales

Podría tratarse de una coincidencia judicial. Es que el intendente de Cambiemos Manuel Passaglia, además de haber sido citado este martes por la Corte Suprema bonaerense por las obras en Parque Rafael de Aguiar, tiene otra cita judicial en Rosario para ser indagado por el juez federal Marcelo Bailaque por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También fueron acusados su padre Ismael José, ex intendente de San Nicolás, y su hermano Ismael Santiago, actual diputado provincial.

La cita había sido fijada para el 14 de febrero pasado pero fue reprogramada para este martes 28. Los fiscales Matías Di Lello y Carlos Amad acusaron también a otras tres personas como presuntos testaferros de la familia Passaglia en una causa que investiga los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por la adquisición de propiedades muebles e inmuebles que no se pudieron justificar con ingresos legales.

 Entre las propiedades investigadas por ser obtenidas presuntamente con dinero ilegal figuran más de 2.200 hectáreas en las ciudades de Ramallo, San Nicolás y Entre Ríos, además de tres departamentos en la avenida Figueroa Alcorta de la ciudad de Buenos Aires, una casa en la localidad uruguaya de La Barra, varios inmuebles en San Nicolás y más de 12 vehículos de alta gama como camionetas BMW, Mercedes Benz, Audi y descapotables.

fuente: elciudadanoweb.com